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DECLARACIÓN POLÍTICA DEL ACTO FRENTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Hoy, 7 de diciembre de 2005 en vísperas del Día Universal de los Derechos Humanos, estamos aquí diversas organizaciones de lucha social, así como colectivos, organizaciones y personas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y algunos colectivos que suscribieron la 6ª Declaración de la Selva Lacandona, congregados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para explicitar nuevamente nuestras denuncias. Otra vez, no dejamos pasar la fecha del 10 de diciembre, que desde 1948 atrae la atención mundial en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No nos vamos a quedarnos callados porque nos duele conmemorar esta fecha, sabiendo que nuestros derechos se violan sistemáticamente.

Pesa conocer, a cada momento, que las violaciones a los derechos humanos se multiplican y profundizan en México y el mundo entero. Duele sentir lejano un mundo más justo pero sabemos que, día a día, trabajamos para construirlo.

Hoy venimos a la Suprema Corte porque es el órgano central de la justicia, es el icono de ese sistema que debiera garantizar el respeto al marco jurídico nacional e internacional, la paz, el orden y la felicidad de todos y cada uno de los mexicanos. Sin embargo, y desde la experiencia de nuestras luchas, encontramos que por acción u omisión no cumple su papel. La justicia mexicana tiene muchos silencios, muchos asuntos pendientes y muchas resoluciones de impunidad. Entonces, en vísperas del día universal de los derechos humanos venimos a denunciar y exigir porque

• Luis Echeverría Álvarez, Mario Moya Palencia y Luis de la Barreda Moreno, han sido exonerados por las masacres de Tlatelolco y jueves de Corpus cuando es indiscutible su responsabilidad en esos hechos.
  

• Otros reconocidos represores y torturadores, como Miguel Nazar Haro, Pedro Oujeda Paullada, Ignacio Morales Lechuga, Fernando Gutiérrez Barrios, Sergio García Ramírez, Félix Galván López, Hermenegildo Cuenca Díaz, Jorge Carpizo McGregor, y sus cómplices Manuel Bartlett Díaz, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de Léon y Vicente Fox Quesada se pasean impunes y confiados de su contubernio con el ineficaz sistema judicial mexicano, pese a que son ellos los responsables de miles de asesinatos, más de 500 desapariciones, secuestros y torturas por parte del Estado. Hay que decirlo claramente: los genocidas, los asesinos y los torturadores están libres mientras miles de mexicanos han sido impunemente asesinados, desaparecidos, apresados y torturados por el Estado.
  

• Persiste la impunidad en los casos de masacres a pueblos y organizaciones indígenas: ninguna autoridad estatal federal o militar ha sido enjuiciada por las decenas de muertes en Acteal (22 de diciembre de 1997), El Bosque (10 de junio de 1998) y El charco (7 de junio de 1998); el ex-gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, ha librado impunemente su responsabilidad en la masacre de Aguas Blancas (28 de junio de 1995).
  

• Siguen impunes los crímenes de la abogada Digna Ochoa (19 de octubre de 2001) y el estudiante Pavel González (secuestrado el 19 de abril y hallado asesinado el 23 de abril de 2004), casos en los que la Procuraduría del Distrito Federal se convierte en cómplice al confundir y tergiversar los hechos, abandonando incluso las investigaciones.
  

• Existen decenas de presos políticos y de conciencia, mexicanos y extranjeros injustamente detenidos y sin un juicio justo, en completa contradicción con un régimen que se dice democrático. Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, Pablo Alvarado, Jacobo Silva, Gloria Arenas, Asier Arronategui, Ernesto Alberdi, Félix Salustiano García, Juan Artola, María Asunción Gorroxateguí y José María Urquijo son sólo algunos de ellos.
  

• Cientos de militantes de organizaciones políticas y sociales, colectivos, sindicatos y partidos han sido asesinados por razones políticas y la justicia, que debiera ser garante de la democracia, no ha investigado estos casos ni encarcelado a los responsables.
  

• Muchos indígenas, militantes, simpatizantes o campesinos simplemente, son perseguidos, asesinados y encarcelados impunemente, sin que ello trascienda y, menos aún, se haga justicia. Muchas veces bajo acusación de pertenencia al zapatismo y otras tantas por sus actividades políticas, como es el caso de Miguel Ángel Mesino Mesino asesinado en septiembre pasado cerca de Atoyac, Guerreo.
  

• Alrededor de 500 mujeres han sido asesinadas y más de 2500 desaparecidas en Ciudad Juárez desde 1993. Sólo en algunos, apenas 3, hay responsables condenados y las mujeres siguen siendo blanco de la violencia sin que el Estado garantice seguridad alguna, tanto en Ciudad Juárez como en todo el territorio de la República.
  

• El Estado mexicano y al menos 8 Gobiernos han perpetuado el robo a los braceros, miles de trabajadores mexicanos que de 1942 a 1961 trabajaron en Estados Unidos y aportaron a este país sin que se les devuelva el dinero retenido.
  

• El Estado y las fuerzas de seguridad impiden frecuentemente la libre manifestación y reprimen protestas violando los derechos de los ciudadanos. Además, en numerosos casos probados, los agentes de la “seguridad” están autorizados por la justicia a realizar interrogatorios donde maltratan y torturan a los detenidos. Las decenas de militantes altermundistas detenidos en Guadalajara en 2004 e injustamente apresados durante meses son un fiel testimonio de ello.
  

• El ataque sistemático a la libertad de expresión en el país, se practica diariamente con amenazas, difamación y hostigamiento a los periodistas, y llega a consecuencias extremas como es el caso de los 3 periodistas asesinados el año pasado. La Justicia mexicana no sólo no actúa para aclarar estos hechos, sino que es cómplice del acoso promulgando la Ley de difamación mexicana, especialmente beligerante en el estado de Chiapas.
  

• El estado y todas las esferas de poder permiten y protegen a grupos violentos e, inclusive, asesinos. Son innumerables los casos de grupos paramilitares responsables de las muertes de campesinos e indígenas. Son frecuentes las intervenciones violentas y delictivas de grupos de porros, que pueden actuar impunemente en prepas y en la universidad. El caso de la Prepa 6 es un reciente ejemplo.
  

• Las cooperativas, pequeñas empresas y sociedades autónomas, lejos de ser protegidas, son descuidadas y desfavorecidas por el Estado que atiende, centralmente, a los intereses privados. Caso emblemático es la Sociedad Cooperativa Pascual, despojada ilegítimamente de sus terrenos por esta Suprema Corte de Justicia.
  

• Sigue pendiente el reconocimiento de autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas como sujetos del derecho público. Lejos de avanzar en ello, el Estado mexicano, el Poder Legislativo y los representantes del PRI, PAN y PRD, aprobaron en 2001 una vergonzosa, retrógrada e injusta ley de sobre Derechos y Cultura Indígena.
  

• Persiste la militarización, paramilitarización y el hostigamiento a indígenas y comunidades autónomas zapatistas en Chiapas. Miles de personas, como cada uno de nosotros, son desplazados de guerra y viven en precarias condiciones. Miles de hermanos son intencionalmente olvidados y empujados al destierro, el hambre y la enfermedad.
  

Estos, dolorosos y emblemáticos casos, son sólo algunos. Estas son sólo unas pocas de las miles de historias de violación sistemática de los derechos humanos que vivimos día a día:

El 3.8% de las personas capaces de trabajar están desempleadas, el 80% de la población viven en condiciones comprobables de pobreza, esto es casi 85 millones de mexicanos, pero más aún unos 18 millones de personas en este país viven en la extrema pobreza. En el país 50 mil niños mueren anualmente por hambre mientras unos pocos, como Carlos Slim, integran las listas de personas mas ricas del mundo. 3 millones de niños trabajan y un promedio de mil 111 mexicanos emigraron a Estados Unidos por día durante los últimos cinco años. Miles de personas trabajan en condiciones injustas y son víctimas de la desaparición de las prestaciones y garantías laborales. 9 de cada 100 mujeres mayores de 15 años sufren de maltratos y violencia doméstica por parte de su compañero o esposo, lo que provoca que diariamente mueran 30 mujeres por causa violenta y 8 de cada 100 mujeres en este país padecen violencia sexual.

La lista es interminable porque los derechos humanos son sistemáticamente violados en México. Creemos que el Estado tiene un papel muy importante en eso y la justicia debiera tenerlo también pero ¿qué papel tiene la justicia si no escucha? ¿qué papel tiene la justicia si no es imparcial? ¿qué papel tiene la justicia si no hace justicia? ¿qué papel tiene una justicia que garantiza la impunidad?

No queremos una democracia con hambre, no queremos un país para pocos. No queremos una democracia con represión y criminalización de las luchas. No queremos un México con asesinos y genocidas libres. No queremos un México con impunidad y sin justicia. No queremos un México donde la justicia tenga como papel ser garante de los poderosos, la desigualdad y la impunidad.